Modernización del Estado y Lucha Contra la Corrupción

Mejor es Posible

En materia de modernización del Estado y de lucha contra la corrupción, urge trabajar en tres frentes: 1) el de la gerencia pública; 2) el de la política anti-trámites; y 3) el de la lucha contra la corrupción

• En el campo de la gerencia pública, se propone:
  • Crear una entidad del más alto nivel que asuma la gerencia de la Administración Pública y la coordinación de todos los esfuerzos que se adelanten en esta materia, actualmente desarticulados.
  • Implementar cuadros funcionales de empleo que les permitan a los servidores públicos hacer carrera entre distintas entidades de la Administración Pública.
  • Establecer nuevos criterios relativos a las competencias laborales para la vinculación de los servidores públicos.
  • Implementar una política de incentivos que cobije a todos los servidores públicos.
  • Implementar un sistema de presupuesto por resultados.

• En el campo de la política anti trámites, se propone:
  • Eliminar los trámites que resulten innecesarios. La nueva entidad que se mencionó anteriormente como ente rector de la gerencia pública, se ocupará de evaluar todos los trámites que existen en Colombia para determinar cuáles deben ser eliminados y contará con la potestad para vetar trámites inocuos.
  • Crear Centros Administrativos de Atención donde los ciudadanos tengan la posibilidad de realizar todos sus trámites de una forma eficiente.
  • Profundizar las estrategias de gobierno electrónico para atender a los ciudadanos a través de la red.
  • Distribuir cartas de compromiso ciudadano, que son documentos suscritos por los directores de todas las entidades del Estado que se divulgan entre los ciudadanos que llegan a sus dependencias en los que constan las obligaciones que tienen, los servicios que pueden prestarles, los requisitos para acceder a ellos, los tiempos que ocuparán los trámites y las sanciones a las que quedan sujetas los incumplimientos.
  • Emplear un lenguaje accesible para los ciudadanos en todas las entidades del Estado.

• En el campo de la lucha contra la corrupción, se propone:
  • Siguiendo la normatividad internacional, reportar como “Personas políticamente expuestas” a los servidores públicos con incidencia en la inversión de los recursos públicos para que la banca nacional e internacional sirva de aliada en la lucha contra la corrupción al poder detectar operaciones de gran cuantía o sospechosas llevadas a cabo por aquellos o su círculo familiar.
  • Establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas frente a delitos contra la administración pública.
  • Eliminar las rebajas de penas en tratándose de delitos por corrupción.
  • Vigilar las compras de bienes comunes para que se ajusten a los precios de referencia determinados por el gobierno, realizar adquisiciones masivas de bienes para varias entidades y depositar en manos de la nueva entidad que se ha mencionado la competencia de realizar un control selectivo y previo sobre los procesos de contratación.
  • Depositar en cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la facultad de nominar a los jefes de control interno de las entidades estatales, ya que hoy en día al ser nombrados por el director de cada entidad, no tienen independencia para actuar.
  • Extender la caducidad contractual a los accionistas o socios de las personas jurídicas sancionadas.
  • Centralizar en la nueva entidad la contratación de las interventorías de manera tal que éstas se tecnifiquen y permitan proveer información fidedigna sobre el desarrollo de las obras y proyectos y los posibles focos de corrupción en los mismos.
  • Estatuir la pérdida del mandato de alcaldes y gobernadores por la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.
  • Establecer una inhabilidad para que quienes aporten a campañas políticas no puedan luego participar en los procesos de contratación del Estado.
  • Centralizar en el Ministerio del Interior y de Justicia la función de interponer las acciones de repetición a que haya lugar contra servidores que hayan incurrido en hechos de corrupción o negligencia.
  • Prohibir a los servidores que hayan tenido facultades para regular determinado sector, trabajar luego en una actividad vinculada al mismo.
  • Crear un instrumento de intervención directa de las entidades territoriales en cabeza del Presidente de la República para solventar las crisis por corrupción en las que caigan los departamentos y municipios.
  • Reglamentar el “lobby” o cabildeo.
  • Eliminar las contralorías departamentales y municipales y depositar en la Contraloría General de la República la vigilancia sobre las entidades territoriales.
  • Obligar a la Nación a transferirles a las entidades territoriales los recursos públicos bajo la modalidad de contratos plan cuyo incumplimiento le permitiría a la primera asumir el control sobre los recursos transferidos.
  • Obligar a los servidores investigados por corrupción a separarse de sus cargos.
  • Realizar operaciones encubiertas para descubrir a los corruptos.
  • Fortalecer la extinción de dominio por corrupción a través de la unidad que se crearía al interior del Ministerio de Justicia para que con abogados muy calificados impulse estos procesos ante la jurisdicción.
  • Obligar a los revisores fiscales a denunciar los actos de corrupción de las personas jurídicas contratistas del Estado, so pena de incurrir en sanciones disciplinarias, fiscales o incluso en la pérdida de su tarjeta profesional.